Estética sin control en el Perú: clínicas no autorizadas, micobacterias y la Ley 32118

Arequipa, abril de 2026

El 17 de abril de 2026, Rebeca Llacho, de 32 años y madre de dos hijas, ingresó a la Clínica Florez Salud, en Cayma, para una cirugía estética. A las 10:40 p. m. avisaron a la familia de «complicaciones» y la trasladaron al hospital Honorio Delgado, donde llegó sin signos vitales; la necropsia indicó shock hipovolémico por perforación de órganos internos³. La Gerencia Regional de Salud informó que la clínica estaba autorizada solo para consultas de especialidad, no para procedimientos quirúrgicos, y que el cirujano, José Molina Barreto, colegiado como médico cirujano, no tenía la especialidad requerida; su paradero era desconocido. La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa abrió una investigación preliminar por presunto homicidio culposo³¹³.

Un año antes, en marzo de 2025, la muerte de Daniela Quispe, de 22 años, tras una cirugía estética en la clínica O2 Medical Network de Cusco, quedó ligada en la prensa al escándalo del suero de Medifarma; la Fiscalía de Cusco abrió una investigación⁴, y en abril evaluaba incluir a Medifarma por el suministro de un suero fisiológico defectuoso, tras recoger más de 500 botellas en la clínica¹⁵. Lo analizamos en el caso Medifarma.

Trujillo: micobacterias después del procedimiento

En 2025, dermatólogos del Hospital Regional Docente de Trujillo publicaron en JAAD Case Reports una serie de siete mujeres sin comorbilidades con infecciones cutáneas por micobacterias no tuberculosas después de procedimientos estéticos⁵. Los procedimientos incluyeron infiltraciones de DMAE y de bicarbonato de sodio, plasma rico en plaquetas, solución enzimática de hialuronidasa, hilos tensores, bichectomía y lipoabdominoplastia; dos fueron realizados por cosmetólogas en un salón de belleza y un spa, cuatro por médicos generales en consultorios privados y uno por un cirujano plástico⁵. Los autores advierten que hay pocos casos reportados en América Latina, lo que sugiere subdiagnóstico, y que el aumento de procedimientos por profesionales médicos y no médicos ha relajado los estándares de asepsia⁵. En otra serie, de 28 pacientes atendidos en un hospital dermatológico de China, la incubación promedio fue de tres semanas y el diagnóstico tardó en promedio 9,8 semanas¹⁶.

Toxinas y rellenos por redes sociales

• Alerta 23-2024 (6 de marzo de 2024). Replicó al Instituto de Salud Pública de Chile sobre OTESALY, una «toxina botulínica tipo A» falsificada vendida por web; la Digemid verificó que no tiene registro sanitario en el Perú⁷.
• Alerta 69-2024 (12 de junio de 2024). Tras una denuncia de Química Suiza, titular de Botox y Juvederm Ultra, la Digemid señaló la promoción y venta en Instagram y Facebook bajo los perfiles «Quisquisperu» y «Quisquis»; Allergan informó que esos productos carecen de su respaldo⁶.
• Alerta 66-2025 (23 de mayo de 2025). Replicó al Ministerio de Salud de Costa Rica por un Dysport 500 falsificado identificado con el lote P08190⁸.
• Alerta 46-2025 (11 de abril de 2025). Replicó a Chile por soluciones de ácido hialurónico intraarticular vendidas allá sin registro como fármaco; en el Perú, la mayoría de esos productos sí tienen registro sanitario como dispositivo médico, salvo Hyalubrix⁹.

Lo que dice la ley

La Ley 31014 (publicada el 28 de marzo de 2020) regula las sustancias modelantes con fines estéticos: prohíbe los rellenos permanentes no biodegradables, prohíbe que personas sin la calificación exigida ofrezcan o apliquen estos servicios, y define la infiltración como acto médico que solo puede hacerse en establecimientos de salud calificados por el Minsa¹. En su versión original, solo los cirujanos plásticos y los dermatólogos podían realizarlo¹. La Ley 32118, publicada en El Peruano el 19 de setiembre de 2024, amplió la lista: pueden hacerlo los especialistas en cirugía plástica, dermatología, oftalmología, cirugía de cabeza y cuello, otorrinolaringología, ginecología o urología, en el área anatómica de su especialidad, y, según su texto original, también el médico cirujano con maestría en Medicina Estética de al menos dos años, para procedimientos no invasivos y mínimamente invasivos no quirúrgicos²¹². Esa última vía ya no existe: el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en la Sentencia 40/2026, porque la maestría no equivale al residentado y el magíster no tenía límite anatómico, a diferencia de los especialistas¹⁰. También definió la medicina estética como rama de la medicina y mantuvo la prohibición y sanción para quienes, sin esa formación, realicen el acto médico².