El Tribunal Constitucional anuló la vía de la maestría en medicina estética; el Colegio Médico va ahora contra la ley de los odontólogos

Qué anuló el Tribunal

La Ley 32118, publicada en El Peruano el 19 de setiembre de 2024⁷⁸, modificó la Ley 31014 sobre sustancias modelantes y redactó un nuevo artículo 4.2: solo está facultado para ese acto médico el médico cirujano especialista colegiado y registrado en una lista de siete especialidades, encabezada por cirugía plástica y dermatología, «así como el médico cirujano debidamente colegiado con posgrado universitario» de «no menos de dos años de duración de nivel maestría en Medicina Estética», para procedimientos no invasivos y mínimamente invasivos no quirúrgicos¹⁷.

El Colegio Médico del Perú (CMP) presentó una demanda de inconstitucionalidad el 28 de octubre de 2024 y el TC la admitió a trámite el 21 de noviembre de ese año⁸; el Congreso la contestó en abril de 2025 pidiendo que se declarara infundada¹. El 6 de febrero de 2026, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) emitió la Sentencia 40/2026: declaró FUNDADA la demanda e inconstitucional la frase que empieza con «así como el médico cirujano debidamente colegiado con posgrado universitario…», no el artículo completo¹.

Los argumentos del fallo

• Maestría no es residentado. «Alcanzar el grado de maestro no supone contar con el mismo nivel de especialización que brinda el residentado médico»¹.
• El doble rasero anatómico. Los especialistas «solo pueden aplicar sustancias modelantes en el ámbito topográfico de su especialidad», mientras que el magíster «no tiene impedimento para llevar a cabo dicho acto médico en cualquier parte del cuerpo humano»¹.
• Irrazonable. La equiparación «supone un tratamiento carente de razonabilidad por parte del legislador, que vulnera el artículo 7 de la Constitución» (derecho a la protección de la salud); el TC también encontró afectado el artículo 9¹.

El CMP celebró el fallo el 27 de febrero: la norma «implicaba un riesgo para la seguridad de los pacientes», y la sentencia recogió su argumento central, «la no equiparabilidad entre la formación médica especializada y una maestría académica»².

Por qué es polémico

La sentencia deja en una zona incómoda a los médicos generales que invirtieron dos o más años en maestrías universitarias de medicina estética confiando en una ley vigente. El texto del TC no cuantifica cuántos son ni regula qué pasa con quienes ya ejercían; se limita a retirar la frase del ordenamiento¹. En el blog ya explicamos la Ley 32118 tal como fue aprobada: tras este fallo, la vía de la maestría ya no existe.

El segundo frente: los odontólogos

El Congreso aprobó por insistencia, en diciembre de 2024, la Ley 32210, publicada en El Peruano el 20 de diciembre de 2024⁹, que modifica la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista (Ley 27878): el artículo 4 pasó de hablar de «acto odontológico» a «acto médico odontoestomatológico», y el artículo 14 incluyó a especialistas en los equipos de guardia hospitalaria⁵. El CMP convocó una marcha nacional el 31 de enero de 2025; su decano, Pedro Riega, dijo que «un odontólogo no puede realizar actos médicos»⁴¹¹. En marzo, el CMP y la Federación Médica Peruana exigieron su derogación de urgencia y anunciaron una huelga indefinida «en defensa de la exclusividad del acto médico»¹².

El punto estético es el que más roce genera. Gestión documentó que algunos odontólogos realizan blefaroplastias, bichectomías y lipopapadas, y promueven la «armonización orofacial»; el decano del Colegio Odontológico del Perú, Luis Ghezzi, respondió que esos procedimientos no están entre las 17 especialidades odontológicas oficiales y que, «al no estar dentro de la normativa vigente, no puede otorgar reconocimiento oficial»⁵.

El 18 de noviembre de 2025 el TC admitió a trámite la demanda del CMP contra la Ley 32210 (Exp. 00037-2025-PI/TC), presentada el 4 de noviembre, y corrió traslado al Congreso por 30 días hábiles⁹; la noticia trascendió en mayo de 2026³. En abril de 2026 el Tribunal incorporó al proceso como amicus curiae a la Sociedad Peruana de Derecho Médico (SODEME)¹⁰. El CMP alega vicios de forma (se exoneró el trámite de comisiones pese a la observación del Ejecutivo) y de fondo, porque la norma lesionaría el derecho a la salud en «sus manifestaciones de calidad de las prestaciones sanitarias y de acceso a tratamientos adecuados e idóneos»³.